No somos únicos: el «status» desde Manila a San Juan

No Somos Únicos: el “Status” desde Manila a San Juan [i] 

publicado en Exégesis 23:66, pp.49-61 (2010)

Resumen

El año 1998 marcó el centenario de los Estados Unidos como imperio global cuando se apoderó de varias islas territorios del Pacífico y del Caribe. Durante el siglo XX tres de esos territorios se independizaron y uno se convirtió en estado norteamericano. Sin embargo, en la mayoría de los territorios la relación con los EEUU todavía se considera como colonial. En Puerto Rico el tema de estatus político es de los más candentes y lejos de resolverse – pero este archipiélago no está solo.

Este artículo explora el significado de la ideología del siglo XIX del “destino manifiesto,” además de las políticas hacia las naciones indígenas, para la conquista de las islas por los EEUU. También evidenciamos patrones en las políticas sobre las islas del Pacífico. Estas fueron motivadas por intereses económicos y estratégicos y fundadas por presunciones racistas y colonialistas. Además, Wáshington generalmente ha ignorado tanto los estándares internacionales, como los anhelos del pueblo puertorriqueño para la auto-determinación. Finalmente, en la tarea necesaria de reformulación del debate sobre el estatus los puertorriqueños deben considerar las experiencias de las hermanas islas territorios.

Introducción

El año 1998 marcó el centenario de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) como imperio global cuando se apoderó de varias islas territorios del Pacífico y el Caribe. Durante el siglo XX tres de esos territorios se independizaron y uno se convirtió en estado federado estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los territorios se han mantenidos como “posesiones” – palabra preferida por Wáshington – para sus colonias. Es de conocimiento general que en el llamado “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico su estatus político sigue siendo el de temas más preocupantes y lejos de resolverse. Sin embargo, sobre el tema de “status” este archipiélago caribeño no está solo.

Los EEUU también obtuvo otros botines de guerra en 1898. Mientras en 1902 se concedió a Cuba una independencia condicional, las Islas filipinas fueron gobernadas por un régimen colonial hasta 1946. Guam lucha todavía por una redefinición de status y por los derechos a la tierra. En 1898 Washington anexó a las islas hawaiianas por la fuerza; sin embargo, la estadidad – concedida en 1959 – no ha acabado con la lucha del pueblo hawai’iano por la auto-determinación. Durante los años 80 y 90, tres de los antiguos “territorios en fideicomiso” del Pacífico bajo control norteamericano entraron en una “libre asociación” con los EEUU, y uno se convirtió en “estado libre asociado.” Además, el “status” es tema caliente tanto en las islas vírgenes estadounidenses, como en la Samoa americana. Como académica puertorriqueña, creo que en todas estas historias hay lecciones importantes para Puerto Rico.

No todos los “estudiosos” estarán de acuerdo conmigo. De hecho, la mayoría ha argumentado que como los EEUU nunca tuvo la intención de mantener territorios que no fuesen destinados para la estadidad federada, su política hacia los territorios ultramarinos carece de coherencia. También, señalan que la diversidad entre las islas territorios disminuye la utilidad de comparaciones de estatus, o que algunas de los territorios son anomalías. [ii] Pero sostengo que las políticas del siglo XIX del “destino manifiesto,” así como el tratamiento de las naciones indígenas norteamericanas, jugaron un rol clave en las conquistas de Washington de territorios fuera del continente. Mis estudios han encontrado patrones claros en las relaciones territoriales de los EEUU motivados por sus intereses estratégicos, económicos y políticos, relaciones moldeadas por presunciones racistas y colonialistas – particularmente por un desprecio persistente contra las culturas, capacidades y aspiraciones de las poblaciones nativas. También, considero estas “luchas de estatus” dentro del contexto del derecho internacional sobre la auto-determinación. Finalmente – argumentando que existen algunos puntos claves de consenso entre los puertorriqueños – examino las posibilidades para una resolución satisfactoria del estatus político de Puerto Rico.

El destino manifiesto y los “indios”

Empezamos con una breve mirada a lo que llamaría la “contradicción jeffersoniana” – dos principios de la política doméstica y extranjera elaborados por Thomas Jefferson al comienzo de los EEUU como país independiente. El primero es el derecho de todos los pueblos a la auto-determinación, un ideal que justificó la creación de los EEUU e inspiró esfuerzos similares a través del mundo. El segundo principio es el derecho de los EEUU de buscar sus propios intereses, irrespectivamente de si choca con el derecho de otros pueblos a la auto-determinación. Este último se justificó con una creencia en la superioridad innata anglosajona y el “destino manifiesto” norteamericano de expandir sus fronteras políticas, económicas y culturales. Tan temprano como en 1787 Jefferson escribió sobre la necesidad del crecimiento militar estadounidense para poder tomar control del imperio español “pedazo por pedazo” (Ford 1904:75). Durante el siglo XIX varios líderes estadounidenses apoyaron la anexión de territorios caribeños, mexicanos y centroamericanos – que de hecho sí ocurrió: Puerto Rico, algunas de las islas vírgenes y la mitad norte de México. [iii]Además, como fue esbozada por el historiador naval Alfred Thayer Mahan, la expansión de la Marina de Guerra y la conquista de territorios tanto en el Caribe – para facilitar el dominio de América Latina y el futuro Canal de Panamá – como en el Pacífico – el portal a Asia – fueron claves para alcanzar el poder global (Mahan 1897:21-21; 1918: 28).

Es importante reseñar la evolución de los conceptos de “territorio” y “soberanía” en los EEUU. Desde temprano se distinguió entre la ocupación de tierras que se reconocían como propiedad de otros, y “terra nullius” (Drinnon 1980:500): las tierras de nadie, territorios disponibles para ocuparse – por lo menos, en el sentido que ningún gobierno reconocido por los EEUU los habían reclamado y ocupado. Al principio, el gobierno en Wáshington sí trataba formalmente con los pueblos indígenas como naciones soberanas. Sin embargo, cuando surgieron disputas entre norteamericanos y los llamados “indios” el gobierno federal siempre intervino a favor de sus ciudadanos. Lo hizo en parte porque la práctica indígena de considerar su territorio como propiedad comunitaria y no privada fomentó la idea de que los territorios no pertenecían a nadie – pero lo hizo también porque no se consideraban a los indios como “gente de razón” (blancos). No obstante, ya para la década del 1830 el trato previo como naciones soberanas fue reemplazado por lo que se conoce hasta hoy día como “naciones domésticas dependientes” – además de varios intentos de terminación tribal y asimilación forzada, como estrategias para resolver el problema de tener naciones más antiguas que reclaman los territorios que estaban en camino a incorporarse a los EEUU (AILTP 1988; Deloria y Lytle 1984).

En el 1830 cinco tribus del este aceptaron abandonar sus territorios ancestrales a cambio de un “territorio indio” permanente (hoy Oklahoma). Cuando al terminar la guerra civil los EEUU resumió su expansión hacia el oeste el pueblo del territorio indio solicitó formalmente al Congreso su incorporación a EEUU como estado – un estado que preservaría su identidad y cultura única. El Congreso rechazó la petición, precisamente por las diferencias culturales que se pretendieron preservar por ley estatal, como los derechos propietarios, el idioma, la educación, el comercio y las leyes civiles. Washington consideró que tener un estado “especial” sería injusto para los demás estados, y que además sería discriminatorio contra ciudadanos blancos que en el futuro podrían interesarse en mudarse allí (DeLoria y Lytle 1984:24-27; Underhill 1975:325). No fue hasta que los blancos se convirtieron en la mayoría de la población, que Oklahoma pudo ingresar a la unión federal como estado, en 1907 (Prucha 1984:261-262).

De hecho, vemos de forma consistente esa precondición para la estadidad: una población blanca y anglosajona en su mayoría y el dominio político y económico blanco y anglosajón – por ejemplo, en los territorios mexicanos arrebatados por los EEUU como consecuencia de la guerra de 1845-8, que hoy se conoce como la región suroeste estadounidense (Horsman 1981). Para efectuar la “cura” de estadidad, la receta era la “americanización”, algo que incluye la desaparición de los pueblos y culturas “no-asimilables” a través de la política de privarles de sus recursos, primero en Norteamérica y después en las islas territorios. Sólo Hawaii no tenía una mayoría blanca cuando llegó la estadidad en 1959 – algo que provocó mucha resistencia congresional por más de cincuenta años (Bell 1984:294); sin embargo la población hawaiiana nativa ya era minoritaria y el control político y económico (y militar) descansó en manos blancas.

En general, hay un patrón histórico para el progreso de estatus de territorios estadounidenses hacia la estadidad. Primero, son ocupados y gobernados militarmente; entonces un gobierno civil se establece, primero directamente desde Washington y luego por un gobierno local. Los territorios se organizan a través de un acta orgánica que, además, los define. El próximo paso es un acta de relaciones federales, donde el Congreso concede la ciudadanía estadounidense a los residentes. Pero, surgieron algunos problemas con la conquista de las islas caribeñas y pacíficas. Wáshington no quiso conceder el derecho absoluto a la eventual estadidad y tampoco quiso comprometerse a la ciudadanía irrevocable ni a todos los derechos garantizados a los estadounidenses. Históricamente – como en Oklahoma y los antiguos territorios mexicanos – las personas que no eran aceptadas como de raza blanca no recibieron automáticamente todos los beneficios de la plena ciudadanía (Drinnon 1980:311; Horsman 1981:276). Como consecuencia, la mayoría de las islas territorios no cumplieron con todos los pasos hacia la estadidad – y algunas apenas han comenzado. Para justificar la conquista y control permanente sobre las islas territorios sin garantizar la estadidad, Washington cita el ejemplo de las “naciones domésticas dependientes,” es decir, “los indios”.

Examinemos las experiencias de varios territorios dentro de las cinco alternativas actuales del estatus político: la independencia, la libre asociación, el estado libre asociado (“commonwealth”), el territorio y la estadidad. Cada experiencia ofrece lecciones importantes para Puerto Rico.

Independencia

Las islas filipinas declararon la independencia de España el 12 de junio de 1898. Este archipiélago era atesorado por las naciones imperialistas por su cercanía a Asia, sus puertos estratégicos ricos y por sus recursos naturales. Una de las primeras acciónes tomada por los EEUU en la guerra hispana-norteamericana fue atacar a Manila. Luego, en el Tratado de París de diciembre 1898, España vendió Filipinas, Guam y Puerto Rico a los EEUU. El pueblo filipino lucho contra las tropas estadounidenses por más de doce años., Wáshington llevó a cabo una campaña de “tierra quemada” contra la guerrilla anticolonialista filipina lo cual provocó la muerte de casi un millón de personas (San Juan 1998:2; Drinnon 1980). Esta guerra puede verse como prólogo para la guerra de Vietnam.

Mientras hubo cierta ambivalencia por parte del Congreso en cuanto la otorgación de ciudadanía a los puertorriqueños (que sucedió en 1917), la oposición fue unánime contra la misma concesión para los filipinos. Siguiendo el precedente de los “indios”, los filipinos se consideraron como “nacionales” estadounidenses: es decir, debían lealtad al gobierno federal sin gozar de ningún beneficio de la ciudadanía estadounidense (Williams 1980:813). Era común, entre las tropas de ocupación, insultar a los filipinos como “niggers”, “injuns” y “gooks”; ese último también se usaba con referencia a los vietnameses durante las décadas de los 60 y los 70 (Williams 1980:827-828; Drinnon 1980:313, 455). En el 1901, el Congreso aprobó la “ley contra la sedición”, la cual permitió las largas sentencias y hasta la pena de muerte, para los filipinos luchadores por la independencia. Esa ley estableció el precedente para las extremamente largas sentencias impuestas contra nuestros presos políticos puertorriqueños. Como al igual que en Puerto Rico, maestros y misioneros norteamericanos fueron enviados para “civilizar” a los filipinos, a través de la enseñanza del inglés y la historia de los EEUU, además del intento de promover el cristianismo protestante anglosajón (de la Cruz 1998: xiii). Sin embargo, la resistencia anticolonialista nunca paró y, en 1916, el Congreso acordó considerar la independencia “bajo las condiciones apropiadas.”

En 1935 las Islas Filipinas se convirtió en el primer “Commonwealth” (Estado Libre Asociado) entre las islas territorios estadounidenses. Se supone que dicho estatus duraría 10 años, y luego pasará a un período hacia la independencia. Se logró la independencia el 4 de julio de 1946, bajo las siguientes condiciones estratégicas, económicas y políticas:

• las bases militares estadounidenses se quedan por tiempo indefinido y las tierras donde estaban ubicadas serían arrendadas bajo condiciones favorables para los EEUU
• se mantendrá el dominio económico de los EEUU y sus aliados de la élite local
• se prohíbe la inscripción de partidos políticos considerados como demasiado nacionalista o de izquierdista (HAIN 1998: 3)

Básicamente, las Islas Filipinas lograron una “independencia dependiente” que en muchos aspectos mantuvo su estatus como colonia estadounidense. Irónicamente, en 1962 se cambia la celebración de la independencia de 4 julio a 12 de junio, día que se declaró la independencia de España en 1898, así que oficialmente no se reconoce los cincuenta años de mando colonial norteamericano (Tribung Pinoy 2008).

El apoyo que Wáshington brindó a la dictadura de Fernando Marcos desilusionó a los filipinos, incluyendo a muchos miembros de la élite, y cuando Marcos fue derrocado se aprueba, en 1987, una nueva constitución que prohibió las armas nucleares en suelo filipino. Como la política de EEUU es no confirmar ni negar la existencia de las armas nucleares en sus bases o barcos, el nuevo gobierno filipino fue presionado para que se derogara la prohibición antinuclear. Pero el gobierno EEUU subestimó el nivel de apoyo popular para dicha medida, a la vez que sobrestimó la percepción filipina del valor de tener las bases militares EEUU en su país. De hecho, la insensibilidad mostrada por los norteamericanos durante las negociaciones logró unir a los movimientos antinuclear, nacionalista y de izquierda. Como resultado, en 1991 el senado filipino votó a favor del cierre inmediato de todas las bases de los EEUU – algo que ocurrió en 1992 aunque dejaron un tremendo problema con los desperdicios tóxicos militares (Pimental y Lasola 1992).

Recientemente los EEUU logró que el gobierno filipino firmara un acuerdo para abrir todos los puertos a los barcos de la Marina de Guerra estadounidense “cuando sea necesario”; además el acuerdo concedió la inmunidad legal para las tropas estadounidenses durante su estadía en Filipinas (San Juan 1998:22-23). El activismo popular contra la presencia militar estadounidense sigue con bastante fuerza; sin embargo la ayuda económica y militar – tomando en cuenta que hay guerrillas civiles en varias provincias – ha convencido al gobierno filipino de aceptar una renovada presencia militar estadounidense. Últimamente se abrieron de nuevo algunas bases militares como parte de la “guerra mundial contra el terrorismo” – y las tropas norteamericanas ya están colaborando con los militares filipinos en operaciones contra los guerrilleros. En ningún momento Wáshington – ni sus aliados locales – mostró preocupación alguna por los intereses a largo plazo del pueblo filipino; ese patrón se repite en las demás islas territorios.

La Libre Asociación

Los pueblos de las islas del Pacífico consideran al mar que los rodea como parte integral de su territorio. Los antropólogos dividen a los pueblos del Pacífico en tres grupos culturales: Polinesia, Micronesia y Melanesia. Micronesia se compone de varios archipiélagos y miles de islas entre Filipinas y Hawaii, la cual es una distancia equivalente al trecho entre Los Ángeles y Nueva York. Los micronesianos han conocido cuatro imperios: España, Alemania, Japón y los EEUU (Lutz 1984). Hoy los territorios estadounidenses en Micronesia se dividen en cuatro entidades políticas recientemente creadas: primera, el Estado Libre Asociado (Commonwealth) de lasIslas Marianas del Norte. (Guam es geográficamente y culturalmente parte de las Marianas, pero fue ocupada por los EEUU durante la guerra contra España en 1898, y se mantiene separada del resto del archipiélago.) La segunda entidad es la República Asociada de las Islas Marshall (RMI); la tercera es la República Asociada de los Estados Federados de Micronesia (FSM); y la cuarta es la República Asociada de Palau (Belau, también conocida como ROP). Es interesante que los nombres oficiales para esas nuevas repúblicas originalmente incluyeran la frase “Estado Libre Asociado” – que también es parte del nombre oficial de Puerto Rico.

Con la excepción de Guam, Micronesia cayó bajo el control de los EEUU como territorios en fideicomiso de las Naciones Unidas (UN Trust Territories), después de la segunda guerra mundial. Se supone que los territorios en fideicomiso se condujeran rápidamente hacia la independencia. Pero por su valor estratégico y económico, los EEUU no empezó a negociar el estatus hasta fines de los 60 tras años de fuerte presión por los micronesianos, la ONU y algunos países de Asia y el Pacífico (McHenry 1975:6-15). Washington creó un “Congreso de Micronesia” – siguiendo el modelo del Congreso EEUU y sujeto al veto federal –y exigió que la nueva entidad colonial formara una comisión de estatus política como parte negociadora (PCRC 1982:10).

A lo largo de más de veinte años que duraron las negociaciones, los EEUU intentó repetidamente de fomentar la división entre los micronesianos, haciendo promesas secretas individuales y exagerando las diferencias entre ellos. Se aumentaron los fondos federales para el desarrollo político, social y económico con el fin de lograr un estatus político que mantendría el territorio “dentro del encuadre político estadounidense” (McHenry 1975:17). A principio Washington no quiso ni considerar la independencia: ofreció solamente dos opciones: un ELA como Puerto Rico, o un territorio como las Islas Vírgenes. Pero cedió a presión internacional y de los micronesianos y añadió las opciones de independencia y libre asociación, siempre y cuando los EEUU retendría el derecho de “negación estratégica” contra otros países respecto a futuros acuerdos con Micronesia sobre el uso de sus tierras, aguas y aire (ibid: 39-41).

En otras palabras: Washington no quiso aceptar ningún estatus que pudiera poner en peligro sus bases militares, su control de las islas y el mar y los posibles arreglos económicos y políticos, irrespectivamente de que en el futuro Micronesia lograse su independencia. El derecho a la autodeterminación cultural, económica y política de los micronesianos en ningún momento se consideró como algo importante. En 1975 se logró un acuerdo separado con las Islas Mariana del Norte a través de un plebiscito local apurado y fuertemente controlado para establecer un Estado Libre Asociado (Commonwealth); poco después, Palau y Islas Marshall también empezaron a negociarse por separado (PCRC 1982:11-17).

Frustrados con el largo proceso y las constantes demoras por parte de los negociadores norteamericanos – que en muchas ocasiones accedieron a las demandas de los micronesianos pero cambiaron si el Congreso las rechazaban –, el resto de los territorios finalmente firmaron pactos de libre asociación: RMI y FSM se convirtieron en repúblicas asociadas en 1986 y fueron ingresadas como miembros de la ONU en 1991, mientras Palau tuvo que esperar hasta 1994. Los pactos originalmente tuvieron un plazo de quince años. No debe sorprendernos que las partes difieran en su interpretación de los pactos; por ejemplo, mientras los EEUU insiste que los pactos se renueven automáticamente, RMI alega que primero las dos partes tienen que ponerse de acuerdo – y exige un aumento del pago por el uso del sitio de prueba de misiles en Kwajelein (Wolf 1999). Las tres “repúblicas asociadas” reciben un pago en bloque equivalente a $3,000–5,000 por residente anualmente. Además, reciben pagos federales de transferencia, ayuda estudiantil y otros incentivos casi idénticos a los que reciben Puerto Rico y los demás territorios.

Los elementos estratégicos de los pactos conceden a las fuerzas militares de EEUU opciones en perpetuidad, y niegan a Micronesia el derecho a la cancelación unilateral de la misma. Los residentes son nacionales estadounidenses y pueden venir libremente a los EEUU, pero no son ciudadanos estadounidenses. En FSM el ingreso principal es el pago por el pacto, y la opinión pública está dividida sobre el estatus político. Como en Puerto Rico, los sectores que más dependen de la ayuda federal apoyan un cambio a un ELA o la estadidad, mientras los grupos que luchan por sus tierras y contra el militarismo favorecen la independencia (PCRC 1982). En síntesis, Micronesia recibe la cantidad per cápita de ayuda estadounidense más alta del mundo, y el desarrollo económico durante los pasados cuatro décadas se debe a la expansión del subsidio federal (Wolf 1999: A-16). Según muchos activistas en Micronesia, hasta ahora Wáshington ha logrado mantener el control de estos territorios a través de la dependencia económica (Peoples 1985:21-22).

La constitución de la República de Palau originalmente incluyó una provisión prohibiendo las armas nucleares. Wáshington se opuso a la medida y exigió al gobierno de Palau a realizar un plebiscito para eliminarla de la constitución. Como la constitución requiere un voto mayoritario de 75% de los votantes para enmiendas, durante los 1980 se realizaron seis plebiscitos sin éxito, la razón por la cual el pacto de libre asociación para Palau se demoró. El gobierno de Palau amenazó a su pueblo con posibles cortes de empleo público y un tranque en los pagos de transferencia con el fin de conseguir la eliminación de la prohibición antinuclear. Dicha experiencia de presiones políticas y económicas y plebiscitos repetidos debe ser muy familiar para los puertorriqueños. Además, ocurrieron asesinatos y suicidios sospechosos de algunos líderes pro-independencia y anti-nucleares, que traumatizaron a la población – pero ayudaron a lograr el resultado deseado en el último plebiscito (ILHR 1987).

Hoy los residentes de Palau creen que la “libre asociación” les permite optar por la independencia completa después de cincuenta años; de hecho se refiere a Palau como un país independiente. Sin embargo, bajo el pacto Wáshington retiene el derecho de intervenir política, económica y militarmente de ocurrir alguna amenaza a sus intereses. Dicha provisión es idéntica a la Enmienda Platt, condición impuesta por los EEUU para conceder la independencia de Cuba en 1902 y que es reconocida como una medida colonialista. Dicha realidad se hizo visible durante las protestas en 2009 en contra de la decisión tomada por los EEUU – sin consultar con los residentes de Palau, pero aparentemente a cambio de dinero para el gobierno local – de enviar a Palau varios miembros de la comunidad Uigher (etnia del oeste de China) que sufrieron años de encarcelamiento en la base de Guantánamo por supuesto vínculos terroristas (Hobaka 2009).

Los ELA y otros territorios: Marianas del Norte, Guam, América Samoa

Los residentes del Estado Libre Asociado de las Marianas del Norte (CNM) son ciudadanos estadounidenses, al igual que en Puerto Rico. No obstante, dado a una ley local que limita la posesión de tierras a largo plazo a los nativos de CNM – además de que CSM controla su propia política de inmigración y aduana – se considera que el ELA de CNM es menos colonialista que el de Puerto Rico (Trías Monge 1997). El salario mínimo federal no aplica plenamente a CNM, algo que ha provocado el reclutamiento de trabajadores extranjeros para las maquiladoras de Saipan (McCarthy 1998; Miller 1998). En cuanto el estatus político, los residentes de las islas que se benefician de los incentivos a las corporaciones (como Saipan) apoyan aún más vinculaciones con los EEUU. Por el contrario, los residentes de la isla de Tinian se opusieron a los planes de arrendar tierras para una nueva base militar y algunos favorecen la independencia (PCRC 1982:10-17). Como en todas las islas territorios en CNM hay un esfuerzo constante para lograr más claridad en sus relaciones con Washington.

Se requería un permiso especial de la Marina de Guerra para visitar a Guam (Guahan) hasta los 1950, cuando el Congreso aprobó la acta orgánica y puso el “territorio organizado no-incorporado de Guam” bajo jurisdicción de la oficina de asuntos territoriales del Departamento del Interior. Al igual que Puerto Rico, Guam tiene voz sin voto en el Congreso, elige su propio gobernador, tiene programas federales, pagos de transferencia y estatus de contribuciones, y sus residentes son ciudadanos estadounidenses. Los nativos, los chamorros (chamoru) son 40% de la población, mientras la mayoría viene de Filipinas, EEUU y otros pueblos del Pacífico (CIA 1998). Desde 1989 el gobierno de Guam lucha para que el Congreso considere cambiar el estatus de territorio al ELA. El gobernador de Guam ha destacado la importancia de Guam como “América en Asia” pero a la vez insiste en dos puntos claves para cualquier cambio de estatus: primero, el estatus no podrá cambiarse en el futuro sin el consentimiento mutuo y segundo, que el pueblo chamorro tiene el derecho a la auto-determinación (Underwood 1997). No debe sorprendernos que el Congreso no haya mostrado interés alguno en cambiar el estatus de Guam.

El derecho de terrateniencia es un tema muy controversial en Guam. La isla comprende 212 millas cuadradas – unos 10% del tamaño de Puerto Rico, y cuatro veces más grande que Vieques. Las tres bases militares ocupan 44,000 acres, es decir, una tercera parte del territorio de Guam, pero para el año 2000 sólo usaban 6,000 acres. Los activistas chamorros pidieron la devolución de las 38,000 acres no utilizadas, pero las fuerzas militares respondieron que los chamorros tendrían que pagar $281,000 por acre. Mientras, dentro de los terrenos militarizados se encuentra la única laguna de agua dulce de Guam, las sustancias tóxicas generadas por la actividad militar ha contaminado parte de los abastos de agua de la isla.

En el 2001 se devolvieron 2,700 acres a 1,000 residentes de Guam que contaban con títulos de propiedad para esas parcelas; no obstante se negaron a devolver la gran mayoría de los terrenos, que eran propiedad en común de acuerdo a las costumbres tradicionales. Cuando el gobierno federal propuso crear un refugio natural para 32,000 acres, los activistas chamorros se opusieron a la propuesta, denunciando que Wáshington valora más a las plantas y los animales que al pueblo indígena (Santos 1993). En los últimos años los activistas llevan una lucha sin tregua contra el plan del gobierno federal para trasladar algunas bases militares estadounidenses de Okinawa a Guam, que añadirá hasta 40,000 militares y sus familias a la población isleña y tendrá un impacto económico, cultural y ambiental contundente (Harden 2008). Aunque el pueblo de Guam está dividido en cuanto al asunto de estatus, la mayoría apoya que se logre más control sobre las políticas de inmigración, impuestos y comercio externo – ninguno de las cuales tiene Puerto Rico (Honebrink 1993).

El archipiélago de Samoa es parte del “triángulo” de Polinesia, que se extiende desde su límite norteño de Hawaii, hacía el sureste en la Isla de Pascuas (Rapanui) y al suroeste hasta Nueva Zelandia (Aotearoa). Para fines del siglo XIX España, Gran Bretaña, Alemania y los EEUU lucharon para controlar a Samoa. A su vez Samoa intentó permanecer independiente y neutral, pero sufrió de faccionalismo entre sus caciques – cada uno apoyado por uno o más de los países imperialistas. Poco después de que concluyó la guerra hispano-americana, Samoa se dividió entre Alemania (que tomó control de la parte occidental) y los EEUU, que ocupó las islas del este. La Marina de Guerra estadounidense gobernó directamente a América Samoa hasta 1959, cuando paso a la administración del Departamento del Interior.

Hoy América Samoa es un “territorio norteamericano no-organizado y no-incorporado” y carece de un acta orgánica. Desde 1967 los residentes pueden elegir su propio gobernador, aunque la cámara de representantes federal tiene la última palabra sobre el presupuesto local. Como en Puerto Rico, Samoa elige un representante con voz pero sin voto en el Congreso, y participa de los pagos de transferencia, incentivos y programas federales. No se aplica el salario mínimo federal; aunque los residentes son nacionales norteamericanos y pueden ir libremente a los EEUU y servir en las fuerzas militares, no son ciudadanos estadounidenses. El gobierno local está cabildeando para que no se cancele la 936 en América Samoa, en parte para poder mantener abierta las grandes fábricas atuneras; irónicamente muchos de los trabajadores son de Samoa Occidental, que es un país independiente (CIA 1998). Como en las demás islas territorios, la aclaración de estatus y una ampliación del control local de sus recursos son temas candentes.

La estadidad

El estado de Hawai’i se compone de ocho islas popularmente conocidas; sin embargo, el archipiélago incluye decenas de islas que se extienden a más de 1,200 millas hacia el noroeste. Esas islas fueron específicamente excluidas del estado y permanecen bajo control directo del gobierno federal (KAHEA 2009). Hawai’i recibió sus primeras visitas europeas a fines del siglo XVIII, y provocó mucho interés imperialista por sus ricos recursos naturales y humanos y ubicación estratégica. Durante el siglo XIX el reinado de Hawai’i fue reconocido a nivel internacional como país independiente, incluso en Wáshington.[iv]

En 1826, los EEUU obligó al rey hawai’iano a asumir las deudas incurridas por los caciques. Además, Wáshington obtuvo el derecho de utilizar los muelles para la Marina de Guerra, consiguió para los estadounidenses el derecho a demandar a los hawai’ianos y recibió el estatus de “nación más favorecida” para el comercio. Empezó a fluir un río de misioneros, maestros y comerciantes desde EEUU hacía Hawai’i. A través de la expansión del poder económico, la amenaza constante de invasión militar y el debilitamiento de los nativos por las epidemias, la asimilación cultural forzada y la limitación del acceso a las tierras tradicionales (Hasager y Friedman 1994), Hawai’i se convirtió en una nación en peligro de extinción – reconocida como nación independiente pero cayendo cada día más bajo la influencia de Wáshington.

En 1893 un grupo de estadounidenses residentes de Hawai’i – apoyado por tropas del Cuerpo de Infantes de la Marina de EEUU – realizó un golpe de estado contra el gobierno de la reina y declaró la República de Hawai’i. Dicha “república” no fue reconocida en ninguna parte del mundo. Hasta el Presidente Grover Cleveland concluyó que el golpe fue ilegal (aunque no hizo nada para restaurar al gobierno legítimo). El nuevo gobierno arrebató más de dos millones de acres de terrenos guardados por la reina como fideicomiso del pueblo, y solicitó al gobierno de EEUU la anexión de Hawai’i. Pero Hawai’i era un país independiente y había que someter la solicitud como tratado internacional al Senado federal – y no recibió los dos terceras partes de los votos necesarios para una ratificación del tratado.

El 12 de agosto de 1898 – a fines de la guerra hispana-americana – se aprobó una resolución en el Congreso con una mayoría sencilla para declarar a Hawai’i como territorio estadounidense, resolución que violó no sólo el derecho internacional, sino también a la constitución de EEUU – a pesar del rechazo por miles de hawai’ianos, que llevaron a cabo protestas masivas y enviaron peticiones al Congreso (Laenui 1993b). La anexión abrió la puerta ancha a los trabajadores inmigrantes para trabajar en las plantaciones de azúcar y piña. Los inmigrantes desplazaron a los nativos, cuya población había disminuida de un millón a fines del siglo XVIII, a unas 40,000 (de hawai’anos puros) en 1893 (H. Trask 1994:17).

El gobierno federal tomó control de las “tierras de la corona”, y construyó su infraestructura militar en alrededor de 500,000 acres. (Por ejemplo, en la isla de Oahu – donde 80% de la población reside – hoy 25% sigue bajo control militar.) Wáshington también designó 1.8 millones de acres para ser administradas por el gobierno territorial (hoy el gobierno estatal) como “solamente para el beneficio de los habitantes de las islas hawai’ianas.” No obstante, los indígenas todavía no tienen acceso a la mayoría de esos terrenos. En 1921, 200,000 acres fueron designadas para ser residencias de personas con más de 50% de descendencia indígena; sin embargo el 60% de las parcelas cayeron en manos de residentes recientemente llegados, mientras los indígenas recibieron tierras menos deseables y sin suficiente agua (M. Trask 1995:74).

En la actualidad Wáshington sostiene que no se puede remediar la situación porque hacerlo constituye una “preferencia racial” a favor de los hawai’ianos nativos, en violación de las leyes federales; también se resiste a los intentos por parte de los hawai’ianos de ganar el derecho de demandar al gobierno por violar los términos del fideicomiso de la tierra. Los nativos que residen en esas tierras sin título de propiedad son frecuentemente desalojados y encarcelados como invasores de terrenos. Las leyes aprobadas desde la anexión federal han promovido el aumento vertiginoso de la población extranjera, y han facilitado el dominio económico por las corporaciones. Como resultado hoy los hawai’ianos son sólo el 20% de la población; tienen menos acceso a los recursos que cualquier otro grupo. Es el grupo más pobre y menos saludable – y para colmo, más de 75% de la población encarcelada es nativa.

En 1959 los residentes de Hawai’i – incluyendo los miles de militares y sus familias – participaron en el plebiscito donde las preguntas fueron, primero: ¿debe convertirse Hawai’i en un estado de los EEUU, o quedarse como territorio norteamericano? Y segundo: ¿debe Hawai’i renunciar cualquier reclamo a los territorios no incluidos dentro de los propuestos límites del estado?[v] La mayoría votó por la estadidad, aunque los barrios con altos porcentajes de hawai’ianos votaron en contra. Los resultados fueron sometidos por los EEUU a la ONU como evidencia de que Hawai’i había manifestado su derecho a la auto-determinación, y la ONU lo sacó de la lista de territorios no-auto gobernados (Laenui 1993a; López Reyes 1994). No obstante, durante los últimos 40 años ha surgido mucho activismo entre los nativos y sus aliados. El idioma y la cultura hawai’iana se enseña cada día más, y decenas de organizaciones activamente luchan por la soberanía.

Hubo manifestaciones masivas en 1993 en el centenario del golpe estadounidense contra el gobierno independiente de Hawai’i, que provocó una disculpa oficial por parte del Presidente Clinton.[vi] Hoy 17 naciones independientes del Pacífico apoyan oficialmente el re-ingreso de Hawai’i a la lista de territorios no-auto gobernados de la ONU (Blaisdell 1998). Mientras tanto, la lucha por la soberanía sigue en Hawai’i. Según uno de los activistas, “Fuimos los últimos en entrar a los EEUU como estado, y esperamos convertirnos en los primeros en salir.” No hay duda que estos activistas enfrentan un reto más grande que cualquiera de las demás islas territorios; sin embargo, parece que su lucha continuará.

Los patrones

Nuestra breve reseña revela algunos patrones en la política estadounidense hacia sus islas territorios. Aunque se ha recurrido en ocasiones a la represión abierta y aplastante, en general Wáshington ha demostrado una preferencia para lo que se puede llamar “la hegemonía de baja intensidad,” efectuada preferiblemente por las élites locales. En esa clase de dominio típicamente se entrelazan lo estratégico, lo económico y lo político. Los intereses estratégicos estadounidenses son primordiales, asegurando los derechos ilimitados en todos los territorios del Pacífico y del Caribe. (Por ejemplo, una de las razones principales por la terquedad de la Marina de Guerra en cerrar el obsoleto polígono de bombardeo en Vieques, era el “mal ejemplo” de ceder a presiones locales y sus posibles repercusiones regionales.)

Las políticas prevalecientes hacia las islas territorios promueven la dependencia económica como medida de debilitar cualquier apoyo para la independencia, a la vez que se facilita el flujo del capital norteamericano a través de los territorios a sus vecinos regionales – y por supuesto, ayuda el flujo de riqueza desde las regiones hacia los EEUU. El estatus político permite la mínima autonomía necesaria para mantener a los nativos relativamente tranquilos y callar las voces críticas internacionales. Se cuenta con las divisiones locales para prevenir las demandas más unidas para una verdadera autodeterminación.

Las relaciones de Wáshington con las islas territorios siempre han sido caracterizadas por la insensibilidad despreciando las inquietudes culturales, y resistencia activa contra cualquier propuesta que pudiera aminorar la dependencia económica o política a los EEUU. Sólo la presión unida y sostenida por los representantes territoriales y sobre todo el activismo popular – además de llamados internacionales contundentes por la justicia – ha logrado la aceptación de Wáshington a los términos más favorables al auto-gobierno, como, por ejemplo, comenzar de negociar con Micronesia y cerrar las bases militares en Filipinas…y sólo la presión continua y aumentada logrará la expansión y permanencia de esos logros tan limitados.

El derecho internacional

Hay que examinar también el concepto de la “auto-determinación” bajo el derecho internacional. Brevemente, la Resolución 1541 de la Asamblea General de las ONU, aprobada en 1969, define tres opciones y criterios para que un territorio no auto-gobernado pudiera verse como haber logrado algún modo de auto-gobierno:

• la independencia.
• la libre asociación con otro país independiente – se requiere evidencia que el territorio escogió la libre asociación libremente y sin coerción, que tiene el derecho de escribir su propia constitución y retiene la opción de cambiar o terminar la asociación en el futuro.
• la integración con otro país independiente – se requiere la igualdad total entre el pueblo del territorio y del país independiente además de evidencia del estatus escogido libremente y sin coerción.[vii]

Se puede argumentar que las nuevas repúblicas asociadas de Micronesia no cumplen con los primeros dos criterios porque no cuentan con el derecho de terminar ni cambiar el acuerdo unilateralmente, además, está claro que Palau cambió su constitución bajo fuerte coerción. América Samoa, Guam, Islas Vírgenes y Puerto Rico no cumplen con ninguno de los tres (García Passalacqua 1987). Se presume que la estadidad para Puerto Rico cumpliría con la tercera opción si hay evidencia de que se escogió libremente – algo que no pasó con Hawai’i.[viii]

Puerto Rico: puntos de consenso

Finalmente, aunque parece que los puertorriqueños permanecen muy divididos en el asunto de estatus, sostengo que existen varios puntos claves de consenso, entre ellos:

• Identidad: Nos consideramos como una nación distinta. Hasta el partido estadista – por lo menos en el pasado – ha promovido la estadidad como protectora de la identidad puertorriqueña, la primacía del español como vernáculo local, hasta la participación boricua separada en los juegos Olímpicos. Cualquier cambio de estatus que pudiera ganar el respaldo de contundente de los puertorriqueños tendrá que salvaguardar la identidad boricua.
• Derechos de ciudadanía estadounidense. Los puertorriqueños – todos nacidos desde 1917 con la ciudadanía norteamericana irrespectivamente de si nacieron en Puerto Rico o en los EEUU – rechazan de forma contundente cualquier opción de estatus que pudiera derogar los derechos a que se merecen como ciudadanos y que se pagaron con sangre e impuestos. Cualquiera formulación de independencia o libre asociación tendría que insistir en el derecho inalienable de los puertorriqueños de retener la ciudadanía estadounidense de por vida si desean – y quienes apoyan estas dos opciones de estatus tendrán que estar dispuestos a luchar por el derecho hasta la Corte Suprema federal y los foros internacionales, de ser necesario. La mayoría de los líderes independentistas se opone tenazmente a la doble ciudadanía, aunque algunos han sugerido que los puertorriqueños residentes en los EEUU podrían optar por la ciudadanía dual (Mari Bras 1998; Villanueva 2007). No obstante, quiero señalar que son los puertorriqueños en Puerto Rico y no en los EEUU que reclaman de forma casi unánime su derecho a la ciudadanía norteamericana – y la resistencia a dicho reclamo por parte de los independentistas crea otro obstáculo más a la promoción de la independencia como alternativa realista. Creo que no debe ser visto como un problema mayor, porque hoy día hay muchas personas con ciudadanía dual con EEUU y otros países. Los favorecedores de la independencia deben preguntarse por qué los ciudadanos de una República de Puerto Rico independiente no podrán gozar de ciudadanía dual.
• Seguridad: Irrespectivamente de su preferencia de estatus, los puertorriqueños están preocupados por la sustentabilidad económica a largo plazo. Hay que señalar claramente que ninguna de las opciones de estatus por si solas garantizan la seguridad económica, y que Puerto Rico podría enfrentar peligros de pobreza y dependencia igualmente como un estado federado, como un estado o república asociada o como un país independiente. Todos los puertorriqueños de todas las preferencias necesitan más información sobre los peligros económicos, culturales, ambientales y políticos generados por la mentalidad de dependencia, que provoca el continuo desperdicio de nuestros recursos naturales y humano en la búsqueda del capital externo a Puerto Rico – por ejemplo para los mega proyectos turísticos de lujo que requieren autopistas y desvíos de agua para extensos campos de golf y que peligran lo que nos queda de bosques, acuíferos y tierras cultivables – en lugar de apoyar el crecimiento de negocios y actividad económica local.[ix]

Por ejemplo, quienes favorecen la estadidad deben notar que el desmantelamiento de la economía local y la promoción de la dependencia no hará más atractivo a Puerto Rico como un nuevo estado para los norteamericanos – y mucho menos como estado de hispanoparlantes, dado el polémico tema del “English only” en los EEUU. Igualmente, los defensores de la ELA deben entender que la destrucción de los recursos naturales y la economía local va en contra del sueño de autonomía dentro de una relación permanente con los EEUU.

Conclusiones

Concluyo este artículo enfatizando que nosotros los puertorriqueños tenemos que considerar honestamente todas las opciones de estatus como son y no como quisiéramos que fuesen, a la luz de la política estadounidense tanto en el continente norteamericano, como en todas sus islas territorios. La historia y la realidad en los EEUU nos enseñan que la estadidad no debe verse como una buena opción para salvaguardar una identidad nacional distinta. La experiencia nos dice que las opciones de estatus como territorio, estado libre asociado y libre asociación se consideran como temporeras y no satisfactorias para muchos de sus residentes, sobre todo con el paso de los años. Además, bajo las leyes internacionales cualquier estatus que no puede ser alterado por el territorio en el futuro se considera como un estatus colonial.

Los independentistas tendrán que considerar cuidadosamente cómo lidiar con los derechos de ciudadanía estadounidense, cómo realizar la transición a la independencia de forma equitativa y cómo evitar la “independencia dependiente”, porque si no, es poco probable que la independencia obtenga suficiente apoyo en Puerto Rico. Reconozco que la represión del independentismo ha sido clave en mermar dicho apoyo, pero hay también que reconocer que el protagonismo, las divisiones y la falta de claridad han jugado un papel importantísimo. Hay que presentar la opción de independencia, no como un fin en sí mismo sino como un medio hacia un fin. Dicho fin se podría describir como aumentar la capacidad de Puerto Rico – la tierra y su gente – para realizar el pleno potencial de cada individuo y la comunidad entera para satisfacer sus necesidades materiales y para promover el crecimiento intelectual y espiritual.

A largo plazo una solución satisfactoria del tema de estatus político – que podría ganar el apoyo más amplio – debe facilitar la responsabilidad cada vez más compartida para mantener la vida (sustentabilidad) de Puerto Rico, en la región y en el mundo. Los independentistas deben empezar ya a visualizar, poner los detalles y explicar al público cómo sería Puerto Rico después de lograr la independencia, en vista de las realidades y tendencias globales del nuevo milenio. Por ejemplo, una República de Puerto Rico independiente podría formar una piedra clave de una nueva federación regional. Es decir, la independencia debe verse como un comienzo, dentro del contexto de un mundo entrelazado, donde los pueblos y los estados se asocian libremente como iguales – pero nunca más como apéndices coloniales.

No somos únicos, y no estamos solos. Como puertorriqueña creo que si aprendemos las lecciones que nos da la historia, asimilando las experiencias de nuestras hermanas islas territorios, y examinando honestamente la opinión popular y las tendencias globales, podremos resolver nuestro dilema más agonizante – el estatus político – y seguir para adelante.

[i] Una versión previa de este artículo fue publicada en inglés bajo el título “No somos únicos: the status question from Manila to San Juan.” Special Issue: 1898-1998, Part 2. CENTRO XI:1, Fall 1999, pp. 127-140. Agradezco al Centro de Estudios Puertorriqueños, City University of New York, por dar permiso para publicar este artículo, traducido al español y actualizado para 2009.

[ii] Para estudios sobre el “excepcionalismo” estadounidense en la política hacia las islas territorios véase Goodsell (1965), Drinnon (1980:296cf), Wuerch y Ballendorf (1994:128), Trías Monge (1997:191), Williams (1980:810), de la Cruz (1998:x) y Sann Juan (1998:2, 14, 26).

[iii] Abundan los estudios sobre el uso del “anglosajonismo” y la “supremacia blanca” para justificar el expansionismo estadounidense y la conquista de territorios y pueblos, no sólo en el continente sino también tan lejos como Asia. Véase por ejemplo Pratt (1936), Hofstadter (1955), LaFeber et al (1976), Drinnon (1980), Horsman (1981) y Williams (1980). Sobre Puerto Rico: Raffuci de García (1981) estudió las consecuencias del expansionismo norteamericano, y Cruz Monclova (1957) detalló el interés en conquistar el archipiélago boricua desde principios del siglo XIX.

[iv] Véase Indictment of the Government of the United States of America for Commission of Crimes against the Kanaka Maoli People and Nation: As Submitted to the Peoples’ International Tribunal, Hawai’i, 1993, 14^th draft, February 21, 1993. Véase también Blaisdell (1994).

[v] Para una copia de la papeleta del voto véase http://killstatehood.com/statehood_ballot_hawaii_1959.html

[vi] United States Congress, Public Law 103-150, “to acknowledge the 100^th anniversary of the January 17, 1893, overthrow of the Kingdom of Hawai’i, and to offer an apology to native Hawaiians on behalf of the United States for the overthrow of the Kingdom of Hawai’i.” 103^rd Congress, 1^st session, November 23, 1993.

[vii] “Principles which should guide members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information.” Article 73(e) of the Charter of the United Nations, Annex to General Assembly Resolution 1541 (XV) of 15 December 1960.

[viii] Tampoco pasó en el “territorio indio” (Oklahoma), ni en los territorios mexicanos del norte que hoy se conocen como el suroeste de los EEUU y tampoco en Alaska. Todos esos territorios se incorporaron a los EEUU como estados a través del voto mayoritario de la población blanca y anglosajona (Williams 1980:827; Drinnon 1980:311).

[ix] Para una discusión detallada de la necesidad de impulsar el empoderamiento comunitario como pilar del desarrollo sustentable véase Berman Santana (1996).

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